Mujeres rurales: jornadas de hasta 14 horas, menos ingresos y barreras para decidir sobre su propio dinero

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Fundación WWB Colombia advierte que las desigualdades en el empleo, el acceso a la tierra, la financiación y el trabajo de cuidado siguen limitando la autonomía económica de millones de mujeres.

Las mujeres rurales representan más del 25 % de la población mundial y cumplen un papel fundamental en la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de las economías locales. Aunque constituyen cerca del 40 % de la fuerza laboral agrícola global, poseen apenas el 15 % de las tierras. Esta desigualdad limita sus posibilidades de acceder a ingresos, financiación, tecnología y recursos para fortalecer sus actividades productivas.

En Colombia, donde más de cinco millones de mujeres se reconocen como campesinas, las investigaciones de la Fundación WWB Colombia muestran cómo estas brechas afectan su autonomía económica y sus condiciones de vida. En el Pacífico, algunas lideresas rurales asumen jornadas de hasta 14 horas diarias al combinar el trabajo doméstico, el cuidado comunitario y la defensa de sus territorios. En la ruralidad del Valle del Cauca, por su parte, apenas cuatro de cada diez mujeres participantes en un estudio afirmaron que decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada diez hombres.

“Las mujeres rurales tienen un papel fundamental en la economía, la seguridad alimentaria y la protección de los territorios. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran una contradicción profunda: mientras su trabajo sostiene buena parte de la vida productiva y comunitaria, siguen enfrentando barreras para acceder a la tierra, generar ingresos y decidir sobre sus propios recursos. Esta realidad exige que las políticas públicas y las oportunidades económicas reconozcan sus aportes, sus conocimientos y las condiciones particulares en las que viven. Avanzar en su autonomía económica es también avanzar en el desarrollo de sus comunidades y del país”, señala Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Esta visión cobra especial relevancia el 15 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Naciones Unidas recuerda que, pese a su contribución a la producción agrícola y la seguridad alimentaria, las mujeres campesinas continúan enfrentando un acceso desigual a la tierra, el crédito, los insumos agrícolas y los mercados. En su declaración de 2026, ONU Mujeres vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres rurales y avanzar hacia condiciones de igualdad que reconozcan su contribución económica, social y ambiental.

El cuidado: una jornada que se extiende más allá del hogar

Uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las mujeres rurales es la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 del DANE revela que el 93,4 % de las mujeres rurales participa en actividades de trabajo no remunerado, frente al 60,8 % de los hombres.

Esta diferencia también se refleja en las horas dedicadas a estas labores. La Radiografía del cuidado en la región Pacífico, elaborada por la Fundación WWB Colombia, señala que en las zonas rurales y dispersas de esta región las mujeres destinan alrededor de ocho horas y 35 minutos diarios al cuidado, mientras los hombres dedican cerca de tres horas.

Las responsabilidades aumentan cuando se trata de lideresas comunitarias, mujeres indígenas, afrodescendientes y defensoras ambientales que, además de cuidar a sus familias, participan en actividades de protección del territorio, conservación de los ecosistemas y sostenimiento de redes comunitarias.

En tanto, el informe Género y medio ambiente en la región Pacífico identifica esta triple carga y sus consecuencias sobre la salud, el descanso y las oportunidades económicas de las mujeres. En territorios donde existen dificultades de conectividad, transporte y acceso a servicios básicos como agua potable y energía, las tareas cotidianas demandan todavía más tiempo. A estas condiciones se suman, en algunas zonas, los efectos del conflicto armado y las economías ilegales.

Tener una cuenta bancaria no significa tener autonomía económica

El acceso a productos financieros representa apenas una parte de la inclusión económica, como lo evidencian los hallazgos del estudio Inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad del Valle del Cauca. Entre las entrevistadas, del 100 % que había abierto una cuenta de ahorros lo hizo por motivos laborales y la utilizaba principalmente para realizar transacciones y recibir pagos. En el 70 % de sus negocios, el efectivo era el único medio de pago.

El análisis también identificó desigualdades en la capacidad de decisión sobre los recursos familiares: cuatro de cada diez mujeres decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada diez hombres.

La falta de propiedad sobre bienes constituye otra barrera. En los territorios estudiados, apenas el 20 % de las mujeres tenía una vivienda a su nombre, frente al 31 % de los hombres. En cuanto a medios de transporte, solo el 10 % de las mujeres figuraba como propietaria (motos), mientras que entre los hombres la proporción alcanzaba el 31 %.

Estas diferencias afectan las posibilidades de acceder a créditos que exigen garantías patrimoniales y restringen las oportunidades de inversión en actividades productivas.

“Para cerrar estas brechas es necesario garantizar que las mujeres tengan poder de decisión y control sobre sus recursos. La inclusión financiera debe contemplar las particularidades de los territorios, las actividades económicas y las condiciones de vida de las mujeres. Se requieren herramientas que les permitan acceder a productos financieros, utilizarlos de manera autónoma y permanecer en el sistema”, explica Alejandra Galeano, politóloga del equipo de Investigación de Fundación WWB Colombia.

Menos oportunidades laborales y una brecha persistente en los ingresos

Las desigualdades documentadas en los territorios también se reflejan en las estadísticas nacionales de empleo. De acuerdo con el DANE, entre mayo y julio de 2026, la tasa de ocupación de las mujeres campesinas fue del 39,6 %, frente al 76,4 % de los hombres. El desempleo femenino alcanzó el 10,5 %, más del doble del registrado entre los hombres campesinos, que fue del 4,3 %.

En el documento Recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo, la Fundación WWB Colombia analiza estas brechas y sus consecuencias sobre la autonomía económica. El análisis recoge que, en 2020, la informalidad entre las mujeres rurales ocupadas alcanzaba el 87,1 %. Estas diferencias reducen las posibilidades de ahorro, inversión y protección económica ante situaciones de crisis.

La desigualdad en la propiedad de la tierra condiciona las oportunidades económicas de las mujeres rurales. Según cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo, el 63,7 % de los predios rurales con un único propietario pertenece a hombres y el 36,3 % a mujeres. Además, datos de 2019 muestran que el 72,1 % de los predios de propiedad femenina correspondía a minifundios de menos de tres hectáreas.

La brecha también se manifiesta en el acceso a la financiación agropecuaria. Durante 2025, las mujeres concentraron el 34,49 % de las operaciones de crédito del sector, pero recibieron apenas el 5,43 % del monto total desembolsado. Entre las mujeres rurales de menores ingresos, la participación en estos recursos fue del 3,58 %, según cifras de la Defensoría.

El estudio Género y medio ambiente en la región Pacífico, de la Fundación WWB Colombia, ayuda a comprender las raíces de esta desigualdad: las prácticas tradicionales de herencia y titularidad suelen favorecer a los hombres como propietarios y productores principales, mientras el trabajo agrícola de las mujeres es considerado una ayuda familiar.

Esta falta de reconocimiento afecta sus posibilidades de acceder a garantías bancarias, desarrollar proyectos productivos y participar en las decisiones sobre el territorio.

Cuatro prioridades para avanzar en la autonomía económica

Colombia cuenta con la Ley 2462 de 2025, conocida como Ley de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, que establece medidas para promover la igualdad de oportunidades, fortalecer el acceso a la oferta institucional y mejorar las condiciones de financiación. Su implementación representa una oportunidad para responder a las desigualdades que persisten en los territorios.

A partir de sus estudios, la Fundación WWB Colombia plantea cuatro prioridades:

1. Reconocer la diversidad de las mujeres rurales. Las políticas y los programas deben considerar las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, respetar sus planes de vida y adaptar sus metodologías a las características culturales, económicas y sociales de cada territorio.
2. Promover el acceso y la titularidad de la tierra. Es fundamental superar los sesgos de género que históricamente han favorecido a los hombres en los procesos de herencia y propiedad, y ampliar las oportunidades de las mujeres para disponer de activos productivos.
3. Garantizar una inclusión financiera con autonomía. Los servicios financieros deben reconocer las particularidades de las economías rurales y facilitar que las mujeres tengan capacidad de decisión sobre sus recursos, con acompañamiento que favorezca su permanencia en el sistema.
4. Reducir y redistribuir las cargas de cuidado. Los programas de emprendimiento, formación e inclusión económica deben incorporar soluciones que permitan reorganizar el tiempo dedicado al cuidado, teniendo en cuenta las limitaciones de infraestructura y servicios que enfrentan las mujeres en sus territorios.

“Es necesario reconocer que no existe una sola mujer rural. Las iniciativas deben responder a las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, sus planes de vida y sus formas de organización. También es fundamental incorporar estrategias para reducir las cargas de cuidado, porque cualquier oportunidad económica que desconozca estas responsabilidades puede terminar aumentando las jornadas de trabajo y dificultando la participación de las mujeres”, concluye Alejandra Galeano.