Informe de emergencia # 3 | Reconstruir con igualdad

Reconstruir con igualdad

¿Por qué el género importa en la ayuda humanitaria y en las acciones de recuperación?

Fundación WWB Colombia

Una emergencia no afecta a todas las personas de la misma manera. Por eso, la respuesta humanitaria debe reconocer las condiciones desde las que cada persona enfrenta el daño, las barreras que encuentra para acceder a la ayuda y las capacidades con las que participa en la recuperación.

Este documento propone una forma de mirar y orientar la asistencia humanitaria y acciones de recuperación con perspectiva de género. Primero explica por qué el daño nunca parte de cero y qué significa incorporar el género y la interseccionalidad en el análisis. Después muestra cómo esas desigualdades se expresan en distintos territorios y momentos de la emergencia.

Finalmente, traduce esa mirada en decisiones concretas para organizaciones ejecutoras y financiadoras y ofrece preguntas para revisar un programa o intervención.

Más que añadir otro requisito a la respuesta humanitaria o a las acciones que se están generando, el propósito es contribuir a que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la necesitan, en condiciones que reconozcan su realidad, y a que la reconstrucción y recuperación no restablezca las mismas desigualdades que hicieron más profundo el daño.

El daño no parte de cero

El terremoto puede ser el mismo para toda la población, pero sus efectos no lo son. Cada persona enfrenta la emergencia desde condiciones de vida diferentes, muchas de ellas relacionadas con el género.

¿Qué entendemos por género?

El género no es sinónimo de mujeres ni es lo mismo que el sexo. Se refiere a los roles, expectativas, responsabilidades y relaciones de poder que una sociedad asigna a mujeres, niñas, hombres y niños. Estas ideas influyen en quién cuida, cocina, genera ingresos, posee la vivienda, se desplaza con mayor libertad o participa en las decisiones de la comunidad.

Antes de un desastre, como el sismo del 10 de agosto de 2026, las mujeres ya dedicaban casi tres veces más tiempo que los hombres al cuidado y a las tareas domésticas. Además, tenían menor control sobre los ingresos, la propiedad y otros recursos. El sismo, por tanto, no encuentra a todas las personas en el mismo punto de partida; este cae sobre desigualdades que ya existían y puede profundizarlas.

Después del terremoto aparecen nuevas tareas

Buscar agua, hacer filas para recibir ayuda, cocinar sin servicios, atender a personas heridas y cuidar a niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad son algunas de las tareas que surgen; aunque casi nunca se reconocen como trabajo, requieren tiempo y esfuerzo y, debido a los roles tradicionales, suelen recaer sobre las mujeres.

Esta sobrecarga les deja menos tiempo para descansar, recuperar sus ingresos o participar en los espacios donde se decide qué necesita la comunidad. Al mismo tiempo, hay necesidades que no pueden esperar, como un embarazo, una urgencia de salud, la anticoncepción o la atención frente a las violencias, las cuales deben continuar aunque las vías estén cerradas o los centros médicos hayan sido dañados.

Cuando perder la casa también significa perder el trabajo

En Colombia, el 52% de los micronegocios de mujeres funcionan desde el hogar (DANE, 2024), mediante tiendas, ventas de comida, costura, peluquería y otros oficios. Si la casa se destruye, hombres y mujeres pierden a la vez el lugar donde viven, pero ellas, dejan de poseer el negocio, las herramientas y el ingreso. Esta pérdida simultánea reduce los recursos que sostenían su autonomía económica.

Por eso, una reconstrucción que devuelve únicamente un techo puede devolver solo una parte de lo perdido. La vivienda también debe entenderse como espacio de trabajo, sustento y cuidado.

Pensar en género también es ver cómo afecta a los hombres y niños

Las normas de género también producen riesgos para los hombres y los niños. La expectativa de que deben proteger, resistir y resolver solos la emergencia puede llevarlos a asumir peligros, ocultar el sufrimiento emocional o migrar sin redes de apoyo para buscar ingresos. Una perspectiva de género permite reconocer estas presiones sin perder de vista que las desigualdades estructurales limitan de manera particular la autonomía, la seguridad y el acceso a recursos de las mujeres.

Dar lo mismo no siempre es imparcial

Entregar la misma ayuda, en el mismo lugar y horario, puede excluir a quienes no pueden desplazarse, deben cuidar a otras personas, no hablan el idioma de los formularios o no tienen documentos ni propiedades a su nombre.

Una respuesta equitativa busca compensar esas diferencias. Esto implica distribuir la ayuda en lugares, horarios y condiciones seguras y accesibles; incluir insumos de gestión menstrual y otros artículos adecuados; garantizar servicios de salud y protección; y asegurar que los distintos grupos participen de manera efectiva en las decisiones. Las transferencias o la entrega de insumos no deben tratar a las mujeres como “receptoras pasivas de auxilio”, sino como agentes productivas y protagonistas de su propia recuperación.

El principio de imparcialidad humanitaria se garantiza distribuyendo la asistencia en estricta proporción a las necesidades específicas identificadas en cada comunidad.

No todas las mujeres viven la misma emergencia

Hasta ahora sabemos que el sismo no afecta igual a mujeres y hombres, así como tampoco afecta igual a todas las mujeres. La experiencia de ser mujer frente a una emergencia también está atravesada por otras condiciones: la edad, el origen étnico, el lugar donde se vive, la discapacidad, el embarazo, el idioma, la composición del hogar, las responsabilidades de cuidado, los medios de vida y la propiedad de los bienes.

Esta mirada se conoce como interseccionalidad, que consiste en entender cómo varias condiciones se combinan y producen experiencias, barreras y capacidades propias.

Una adolescente a cargo de sus hermanos no vive lo mismo que su abuela, aunque duerman bajo la misma carpa. Una mujer que perdió su tienda en un barrio de ladera, no necesita lo mismo que otra que perdió su canoa. Distinguir únicamente entre hombres y mujeres deja la respuesta a mitad de camino; mirar esos cruces permite que la ayuda llegue con más pertinencia.

En la ciudad se cruza la vivienda, el negocio y la red de cuidado

En barrios construidos sin planificación, muchas viviendas no tienen escritura o se ocupan en arriendo sin contrato. Si la casa se destruye, quien no figura como propietaria puede quedar fuera de la reconstrucción pese a haber vivido allí durante años.

La vivienda puede ser también tienda, cocina, salón de belleza o taller. Además, cuando las vecinas son trasladadas a albergues diferentes, se rompe la red con la que compartían el cuidado y toda la carga puede recaer sobre una sola persona. La recuperación urbana debe reconocer, por tanto, la tenencia informal, los usos productivos de la vivienda y las redes comunitarias que hacían posible la vida cotidiana.

En el campo la distancia se vuelve barrera

En las zonas rurales dispersas, una vía dañada puede volver inalcanzable el siguiente puesto de salud, especialmente para quien cuida a niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad.

La pérdida productiva adopta otras formas. Cultivos, animales, herramientas y semillas. Muchas mujeres trabajan tierras que no están a su nombre o que pertenecen a títulos colectivos. Si la ayuda exige una escritura individual, quedan excluidas de una recuperación que también les corresponde.

En el río y la costa la ayuda llega navegando

Donde el agua es la carretera, la atención depende de horas de navegación, combustible, mareas y crecientes. Las comunidades más alejadas pueden ser las últimas en aparecer en los censos después del desastre, o en el peor de los casos no aparecer.

Allí, por ejemplo, la salud materna suele depender de mujeres formadas dentro de la comunidad. Reconocerlas y apoyarlas permite sostener la atención disponible. Recuperar los ingresos exige también respuestas propias del territorio como la dotación de canoas, motores, redes y lugares seguros para procesar y almacenar los productos.

La perspectiva de género a lo largo de la respuesta

Atender una emergencia con perspectiva de género significa mirarla desde las desigualdades, las responsabilidades, la interseccionalidad y los roles que ya existían antes y que la emergencia agrava, reconociendo que no todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni las mismas barreras para ponerse a salvo, pedir ayuda y recuperarse. Significa reconocer esos distintos puntos de partida para diseñar respuestas que cierren brechas en lugar de profundizarlas.

Por eso esta perspectiva no puede esperar hasta la reconstrucción: decisiones tan tempranas como quién aparece en el registro, dónde se entrega la ayuda, qué contiene un paquete y quién puede denunciar un abuso son las que definen, desde el comienzo, quién podrá recuperarse y quién quedará atrás.

Diagnosticar y responder sin volver invisible a nadie

El diagnóstico inicial debe registrar individualmente a las personas adultas y recoger información desagregada por sexo, edad, discapacidad, pertenencia étnica, ubicación, composición del hogar, responsabilidades de cuidado y actividad económica. También debe aceptar diferentes pruebas de residencia y posesión, especialmente cuando los documentos se perdieron o nunca existieron.

La respuesta inmediata debe adaptar puntos, horarios y mecanismos de entrega; asegurar agua, saneamiento, iluminación, privacidad y accesibilidad; mantener la salud sexual y reproductiva; y activar rutas de protección frente a las violencias, el abuso y la explotación. Consultar a las mujeres del territorio desde esta fase permite identificar riesgos y necesidades que un formato estándar no muestra.

Cinco decisiones que definen la recuperación:

1. Registrar y reconocer a todas las personas. Un censo que anota a un solo “jefe de hogar” y exige títulos de propiedad vuelve invisibles a muchas mujeres. Se debe registrar individualmente a las personas adultas, aceptar distintas pruebas de residencia y tenencia, y reconocer a quienes habitan y sostienen la vivienda. Por ejemplo, una arrendataria urbana y una habitante de un territorio colectivo comparten la misma necesidad de vivienda, pero necesitan mecanismos de acreditación diferentes.
2. Reconstruir también los medios de vida. Un módulo estándar puede devolver el techo sin devolver el ingreso. La vivienda debe diseñarse con quienes la usarán, incorporar el espacio y los servicios necesarios para la actividad económica y acompañarse con reposición de herramientas, equipos, inventario y capital inicial. Una tienda doméstica no requiere lo mismo que una actividad basada en la pesca o la agricultura que se produce o transforma en casa.
3. Mantener la salud y la protección. La atención materna, la anticoncepción y las rutas frente a las violencias no pueden desaparecer después de las primeras semanas. Deben continuar durante toda la recuperación, junto con iluminación, cerraduras, baños accesibles y espacios seguros en los alojamientos.
4. Hacer posible la participación. Convocar no basta si la reunión es lejos, se realiza en un horario incompatible con el cuidado o no ofrece transporte, traducción, ni atención para niñas y niños. Las decisiones deben acercarse a las comunidades y apoyarse en las organizaciones de mujeres que ya existen. La participación efectiva exige remover la barrera concreta que enfrenta cada mujer y dar valor real a su voz.
5. Reconocer y fortalecer la respuesta comunitaria. La comunidad es siempre la primera en responder ante la emergencia, mucho antes de que llegue el Estado o la ayuda externa. Valorar esos liderazgos y saberes locales —como parteras, matronas, redes de cuidado u organizaciones de mujeres— exige transferirles recursos, insumos y capacidades directas. Respaldar a quienes ya prestan atención en el territorio garantiza una recuperación sostenible y respeta la autonomía comunitaria.

Estas medidas no consisten en dar más por el hecho de ser mujer. Reconocen que el mismo procedimiento produce resultados desiguales cuando se aplica a personas en situaciones distintas.

Quien pone los recursos también pone las condiciones

Una parte decisiva de la reconstrucción ocurre lejos del territorio, en el documento que define qué se financia, qué se exige y cómo se verifica. Ninguna entidad financiadora se propone reproducir desigualdades. Sin embargo, en el papel las buenas intenciones se convierten en obligaciones o se quedan en enunciados.

Para que la perspectiva de género transforme efectivamente la respuesta, debe traducirse en obligaciones concretas: datos desagregados, rubros presupuestales específicos, mecanismos operativos y plazos definidos. Decir que un proyecto debe tener “enfoque o perspectiva de género” no obliga, por sí solo, a cambiar la intervención. La frase puede darse por cumplida con una fotografía, un porcentaje de mujeres en una lista o un párrafo en el informe final. Lo que transforma la respuesta es exigir un dato concreto, un renglón presupuestal, un mecanismo que funcione, una responsabilidad y un plazo.

Las siguientes cinco condiciones convierten la perspectiva de género en decisiones verificables y en cambios que llegan efectivamente a las manos de las mujeres.

A. Contar diferenciando para saber quién queda por fuera

Qué exigir. Que el apoyo no reporte únicamente cuántos hombres y cuántas mujeres fueron atendidos. Los datos deben desagregarse por edad, discapacidad, autorreconocimiento étnico, lugar de residencia – urbana, rural dispersa o ribereña-, composición del hogar, responsabilidades de cuidado y actividad económica. Esta información debe recogerse desde el inicio de la intervención.

Cómo se usa. Los datos permiten ver, mientras todavía hay tiempo de corregir, quién está quedando por fuera. Si a los tres meses las beneficiarias son casi todas mujeres de las cabeceras municipales, con documentos en regla y sin personas a cargo, el proyecto puede estar cumpliendo su meta numérica y, al mismo tiempo, dejando por fuera a quienes más lo necesitan. Esa señal debe activar una revisión de la intervención que conlleve a reasignación de recursos, no una nota al pie.

Qué ocurre si no se exige. Un informe puede destacar que la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres, sin mencionar que ninguna vivía lejos del casco urbano, tenía una discapacidad o hablaba una lengua distinta a la de los formularios. Esto no ocurre porque estas mujeres no se encuentren en la zona, sino porque no fueron incluidas. Financiar sin diferenciar tiende a financiar dos veces (o más) al perfil más accesible.

B. Financiar a las organizaciones de mujeres como socias, no como público

Qué exigir. Que las organizaciones y asociaciones de mujeres del territorio tengan un renglón propio en el presupuesto y no aparezcan solo en los agradecimientos. Deben participar en el diseño antes de que el proyecto sea aprobado, tener voz y voto en el seguimiento y recibir pago por su tiempo y su trabajo. Los requisitos administrativos deben ser proporcionales a su tamaño, por ejemplo, exigir múltiples cotizaciones y balances auditados a una asociación pequeña puede convertirse en una forma de excluirla.

Cómo se usa. Estas organizaciones existían antes del sismo y seguirán cuando el apoyo termine. Saben qué familias no aparecieron en el censo, qué viviendas eran también talleres, en qué horario puede reunirse la comunidad y a quién se debe consultar antes de entrar en el territorio.

Qué ocurre si no se exige. El proyecto puede usar sus listas, contactos y credibilidad sin transferirles recursos. La organización aporta el capital de confianza, el ejecutor externo se lleva el resultado y, cuando la intervención termina, la organización queda cansada y no más fortalecida.

C. Co-construir la recuperación económica, no repartir soluciones

La recuperación económica de las mujeres no se resuelve con una entrega aislada. Se logra cuando ellas participan en definir qué se recupera, mediante qué mecanismo y en qué plazos.

Qué exigir en:

El diseño. La estrategia productiva debe acordarse con las mujeres antes de comprar insumos y debe justificar por qué eligió determinadas actividades. Siempre que sea posible, las compras deben hacerse localmente para que los recursos permanezcan en la economía del territorio.

La reposición de activos. No deben entregarse paquetes idénticos. Reponer los medios de trabajo puede significar inventario y adecuación eléctrica para un negocio en casa; embarcación, motor y aparejos para quien depende del agua; herramientas, materia prima y espacio de secado para la artesanía; o semillas, aperos y recuperación del suelo para la agricultura. En todos los casos deben considerarse los medios para transportar y vender lo producido.

Acceso al dinero. Las transferencias deben llegar a una cuenta a nombre de la mujer y el punto de pago no debe obligarla a hacer un viaje cuyo costo consuma el apoyo. Es pertinente financiar o reactivar grupos comunitarios de ahorro y crédito con capital semilla, especialmente donde no existen oficinas bancarias. El crédito debe adaptarse al ciclo productivo, con plazos de gracia realistas y sin intereses moratorios, montos pequeños y renovables, y garantías que no exijan título de propiedad ni historial crediticio.

El acompañamiento. La formación empresarial y educación financiera debe llegar junto con el dinero, no meses después. Esto ayuda a proteger a las mujeres frente al endeudamiento informal de alto costo que suele aparecer cuando necesitan capital y no tienen acceso a una entidad formal.

Cómo se mide. No por el número de insumos entregados, sino por la continuidad de la actividad y la generación de ingresos a los seis y doce meses, y por la capacidad de la mujer para decidir sobre esos ingresos.

Qué ocurre si no se exige. Se pueden entregar máquinas de coser idénticas a cientos de mujeres que luego compiten por la misma clientela, o insumos que no corresponden a la actividad que tenían. El proyecto registra beneficiarias, pero el territorio no recupera ingresos estables; por lo tanto la pobreza se profundiza.

D. Hacer de la protección una condición del contrato

Qué exigir. El código de conducta debe ser un compromiso individual de toda persona vinculada al proyecto -personal de planta y temporal, voluntariado, conductores, transportadores, vigilancia, contratistas, entre otros-. Debe prohibir de manera explícita condicionar la ayuda a favores sexuales o personales, sin excepción, porque entre quien entrega el apoyo y quien lo necesita no existe igualdad de poder.

A su vez, debe existir más de una vía para denunciar cuando estos casos suceden: una persona conocida y confiable en el territorio, un canal que funcione sin señal ni internet, una opción escrita o remota. Todas deben contar con un protocolo con responsables, plazos de respuesta y remisión a servicios de salud y protección, de modo que quien denuncia pueda elegir la que le resulte más segura y viable. Además, la capacitación del personal y la verificación de antecedentes deben ser requisitos indispensables, no actividades opcionales.

Cómo se usa. El seguimiento debe incluir información periódica sobre los casos recibidos y su trámite, protegiendo siempre la confidencialidad. Cero denuncias no significa necesariamente que no ocurra nada, puede indicar que el canal no funciona, que nadie sabe que existe o que las personas temen perder la ayuda.

Qué ocurre si no se exige. La dependencia económica que deja una emergencia aumenta el riesgo de abuso y explotación, sobre todo para adolescentes y mujeres que quedaron como únicas responsables de su hogar. Sin mecanismos reales, el apoyo puede convertirse en el escenario donde ocurre el daño.

E. Proteger un renglón para la dignidad

Qué exigir. El presupuesto debe incluir una línea específica y protegida para las necesidades diferenciadas de las mujeres, en lugar de diluirlas en “otros gastos” – el primer rubro que suele recortarse-. Esta línea puede cubrir kits de dignidad definidos con las mujeres del lugar; insumos de gestión menstrual con reposición periódica; ropa interior, jabón, agua y espacios privados para lavar y secar; productos para incontinencia; insumos para el cuidado del cabello afro; prendas y elementos asociados a prácticas culturales; baños accesibles y reposición de ayudas técnicas perdidas, entre otros.

Cómo se usa. Definir el contenido con las usuarias antes de comprar previene el desperdicio. También se debe verificar tanto la entrega como su uso; un producto que no corresponde al cuerpo, a la costumbre o a las condiciones de agua disponibles es inútil.

Qué ocurre si no se exige. Estas necesidades se consideran secundarias hasta que una adolescente deja de salir del alojamiento durante varios días al mes o una mujer mayor deja de asistir a las reuniones donde se decide el futuro de su barrio. Lo que parecía un detalle presupuestal termina definiendo quién participa y quién no.

Diez preguntas para saber si una ayuda o acción tiene perspectiva de género

Casi ninguna propuesta de asistencia humanitaria dice que va a excluir a alguien. La exclusión aparece en los detalles operativos, en el horario de una entrega, en el requisito de un documento, en el renglón que se recortó. Estas diez preguntas sirven para encontrar posibles exclusiones antes de firmar, no después de evaluar.

Cómo usar esta herramienta

Es un conjunto de preguntas para mirar una propuesta, un ejecutor o un proyecto propio desde distintos ángulos. Su valor está en que las respuestas sean concretas y permitan identificar con claridad qué se hará, cómo y para quién.

Una respuesta útil menciona un mecanismo, un responsable, un dato o un monto. Una respuesta evasiva repite el enunciado de la pregunta con otras palabras; sí, el proyecto tiene enfoque diferencial; sí, se garantizará la participación de las mujeres. Cuando tres o cuatro respuestas seguidas suenan así, no es un problema de redacción; es que esa parte del proyecto no se ha diseñado y se debe completar.

1. ¿La propuesta sabe quiénes son las mujeres del territorio, o solo cuántas? Una buena respuesta describe diferencias en edades, condiciones de discapacidad, autorreconocimiento étnico, ubicación, actividad económica, personas a cargo. Si el único dato es un porcentaje de participación femenina, el proyecto está tratando a las mujeres como un bloque, y ya sabemos que no lo son.
2. ¿Quién va a quedar por fuera de este diseño? Es la pregunta más incómoda y la más reveladora. Toda intervención deja gente afuera; la diferencia está entre quien lo sabe y lo compensa y quien no se lo ha preguntado. Si la respuesta es «nadie, es para toda la comunidad», la exclusión existe igual, solo que nadie la está mirando.
3. ¿Qué requisitos hay que cumplir para recibir la ayuda? Aquí se juega buena parte del resultado. Exigir escritura de propiedad, contrato de arriendo, registro como jefe de hogar o documentos actualizados excluye de entrada a muchas mujeres que perdieron todo, incluidos los papeles. La respuesta debe indicar qué formas alternativas de acreditación se aceptan.
4. ¿A qué hora, en qué lugar y a qué distancia se entrega? Una entrega a las siete de la mañana en la cabecera municipal, sin transporte, es una entrega diseñada para quien no tiene ninguna persona a cargo. La respuesta debe mostrar que el horario, el punto y la ruta se definieron pensando en jornadas de cuidado, distancias reales y seguridad del trayecto.
5. ¿Qué pasa con las personas que ella cuida mientras dura la actividad? Se aplica a capacitaciones, reuniones, filas de entrega y comités. Si no hay una respuesta de un espacio de cuidado, un horario compatible, la actividad llevada hasta la comunidad, la participación de las mujeres con personas a cargo será baja y luego se explicará como desinterés.
6. ¿Cómo puede una mujer reportar un abuso sin perder la ayuda? Debe existir un canal confidencial que funcione sin señal ni internet, una persona receptora identificable y de confianza, un plazo de respuesta y una consecuencia institucional para el ejecutor, no solo para el individuo. La ausencia de denuncias no prueba que no ocurra nada; casi siempre prueba que el canal no funciona.
7. ¿Las organizaciones de mujeres del territorio aparecen en el presupuesto? No en los agradecimientos ni en la lista de aliados, en el presupuesto, con un renglón, un contrato y un anticipo. Si el proyecto usa sus contactos, su credibilidad y su conocimiento sin transferirles recursos, está extrayendo trabajo comunitario en lugar de fortalecerlo.
8. ¿Recupera el techo o también el ingreso? Para muchas mujeres la vivienda era además el taller, la tienda o la cocina que producía. Una reconstrucción que entrega un módulo habitacional sin espacio productivo, sin conexión adecuada y sin reposición de los activos de trabajo devuelve la mitad de lo perdido y vuelve permanente la descapitalización.
9. ¿Quién decide las prioridades y en qué condiciones puede participar? No basta con que las mujeres estén convocadas ni con que exista una cuota. La respuesta debe decir dónde se reúne el comité, a qué hora, quién cubre el transporte, si hay traducción cuando hace falta y si sus decisiones son vinculantes o solo consultivas.
10. ¿Qué queda funcionando cuando el proyecto se va, y a nombre de quién queda? La titularidad de la vivienda, la cuenta donde se recibió la transferencia, el grupo de ahorro creado, la organización fortalecida. Si al terminar la intervención todo vuelve a estar a nombre de otro, la ayuda pasó por el territorio sin cambiar la posición de nadie. Así mismo, es necesario revisar los costos asociados al mantenimiento de las estrategias o estructuras creadas.

La ayuda no puede limitarse a llegar rápido

Llegar rápido es indispensable y nadie lo discute. Pero la velocidad, por sí sola, no da cuenta de la calidad de una respuesta. Una ayuda puede ser inmediata, generosa y bien intencionada, y aun así reproducir exactamente las desigualdades que encontró al llegar.

Por eso las tres preguntas que atraviesan este informe no son técnicas, sino estructurales. A quién llega, cómo llega y qué desigualdades está transformando o dejando intactas. Responderlas define si la asistencia servirá para volver al punto de partida o para llegar a uno mejor.

La postura de la Fundación WWB Colombia

La Fundación WWB Colombia es una institución independiente y autónoma que lleva más de cuatro décadas trabajando para cerrar las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres y para promover su participación activa en el desarrollo económico. Su trabajo se concentra en mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con especial atención a las emprendedoras de territorios rurales y del Pacífico colombiano, y se organiza en tres frentes. (i) el desarrollo de capacidades personales y empresariales, (ii) la generación y difusión de conocimiento a través de la investigación, y (iii) la inversión en negocios sostenibles que contribuyan a cerrar esas brechas. Cuatro enfoques atraviesan todo lo que hace. Género, emprendimiento, vulnerabilidad e inclusión financiera.

Desde esa trayectoria, la Fundación sostiene la importancia de la atención de emergencias en el país, y reconoce el rol fundamental que tienen las mujeres, en sus familias y en comunidades enteras, sosteniendo el cuidado de los suyos, sus negocios y las redes comunitarias existentes.

Por eso considera que la respuesta a una emergencia no termina con el auxilio inmediato, sino que debe permitir que las mujeres y sus comunidades vuelvan a generar ingresos, accedan a recursos financieros adaptados a su realidad, participen en las decisiones sobre la reconstrucción y recuperación económica y social, y cuenten con estrategias de prevención de violencias que las protejan en contextos de mayor vulnerabilidad; de lo contrario, la ayuda no contribuiría a cerrar brechas, simplemente las aplazaría. Entendida así, la recuperación es una oportunidad para que las mujeres y sus comunidades no regresen a como estaban, sino que queden en mejores condiciones de las que tenían antes de la emergencia.

Reconstruir no es devolver las cosas a su lugar. Es preguntarse si ese lugar es hoy mejor que ayer.

REFERENCIAS

Asociación Esfera. (2018). Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (4.ª ed.). https://www.spherestandards.org/handbook/

Comisión de Mujeres para los Refugiados y Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis. (2019). Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis: Módulo de aprendizaje a distancia. https://www.iawg.net/iafm

Comité Permanente entre Organismos. (2017). Manual de género para la acción humanitaria. https://www.gihahandbook.com

Consorcio de Envejecimiento y Discapacidad. (2018). Normas humanitarias de inclusión para personas mayores y personas con discapacidad. CBM International, HelpAge International y Handicap International.

DANE. (2024). Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 2023. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023). La triple amenaza: La combinación de las enfermedades, los riesgos climáticos y la precariedad de los servicios de agua, saneamiento e higiene puede tener repercusiones mortales para la infancia.

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2019). Estándares mínimos interagenciales para la programación sobre violencia de género en emergencias.

Organización Panamericana de la Salud. (2016). La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta (2.ª ed. rev.).

Sanderson, D. y Sitko, P. (2020). Uso de las normas Esfera en contextos urbanos. Asociación Esfera.